La próxima semana empezarán a realizarse el narcotest los funcionarios del Gobierno provincial
Unas diez mil personas en los tres poderes de Estado están alcanzadas por la ley que establece la obligación de someterse a exámenes toxicológicos.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla adelantó hoy que a partir del próximo martes seguirán los análisis al Gabinete y dio precisiones acerca de la medida.
El gobernador de la provincia Claudio Poggi inició este jueves a primera hora las pruebas toxicológicas obligatorias para los funcionarios públicos, según el decreto 10.936. La medida se implementa junto con la nueva Ley de Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico, promovida por la diputada Marisa Patafio.
“Establece que los funcionarios de los tres poderes del Estado deben someterse a exámenes toxicológicos anuales y obligatorios. Esto es un paso importante para garantizar la transparencia y la ética en la gestión gubernamental”, afirmó el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla.
A su vez, en conferencia de prensa subrayó que, a partir del próximo martes, los miembros del Gabinete provincial se someterán a pruebas de detección de drogas ilegales y uso abusivo de drogas legales como las perteneciente al grupo de las benzodiacepinas (clonazepam).
Los resultados serán reportados a la cartera que dirige Bazla bajo estrictas normas de protección de datos. La iniciativa busca asegurar que los funcionarios actúen con plena capacidad con el ejercicio de sus funciones.
El funcionario aclaró que los exámenes toxicológicos una vez que la Ley sea publicada en el Boletín Oficial, será obligatorio para todos los miembros de los poderes del Estado. En el caso del Judicial, incluye a ministros del Superior Tribunal, camaristas, fiscales, jueces de primera instancia y defensores. 5800 efectivos policiales, personal del servicio penitenciario y Salud Pública. En el caso del Poder Legislativo alcanza a diputados y senadores.
Estima que aproximadamente 10 mil personas estén sometidas a esta medida con un costo inicial de $2 millones para 22 exámenes cubiertos por el Gobierno provincial en un convenio ejecutado con la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis.
La negativa a realizarse el examen resultará en la cesación de funciones para el Poder Ejecutivo, juicio político para el Poder Legislativo y un Jury de Enjuiciamiento para el Judicial.
En caso de un resultado positivo, los funcionarios del Ejecutivo cesarán sus funciones, mientras que para la Policía se realizarán tratamientos que se regirán por su propio estatuto.
Por último, sostuvo que habrá garantía de confidencialidad en los resultados de los análisis que se recibirán en un plazo de 3 a 5 días hábiles una vez realizado el mismo.
“La ética pública consiste en un conjunto de normas deseables para lograr un buen Gobierno, por ello estamos comprometidos con la transparencia y la aplicación de normas éticas”, destacó Bazla.